(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional disolvió hoy otros tres fondos fiduciarios, en el marco de su objetivo de suprimir la mayor cantidad de fideicomisos que tenían como finalidad financiar o administrar distintos programas sociales o políticas públicas.
A través del decreto 888/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma del Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo resolvió dislover el «Fondo Nacional de Emergencias», el «Fondo Fiduciario Progresar» y el «Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos».
En el primer caso, el «Fondo Nacional de Emergencias» tenía como objetivo financiar las acciones de respuesta establecidas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.
Según el Gobierno, “de acuerdo al análisis efectuado, surge con total claridad y evidencia que el Fondo creado en el año 2016 nunca estuvo operativo. Desde el 15/11/17, fecha en que se suscribió el Contrato de este Fideicomiso hasta la actualidad, nunca se le asignó un presupuesto acorde al objetivo tenido en cuenta al momento de su creación” y que dicho “Fondo Fiduciario nunca cumplió con su objetivo”.
Por el lado del «Fondo Fiduciario Progresar», cuya finalidad era la de financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (Progresar), creado por el Decreto N° 84 del 23 de enero de 2014 y sus modificatorios, el Ejecutrivo justificó su eliminación al sostener que «el mismo nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento».
Por último, el «Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos» (Fobosque), que tenía el objetivo de administrar el «Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos», fue disuelto a raíz de «deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados».
Asimismo, el Gobierno argumentó que «surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores y la inexistencia de un Manual Operativo».