(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional dispuso hoy la conversión de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado y abre así su puerta a su privatización.
De esta manera, la compañía energética ubicada en Santa Cruz y todas sus dependencias pasaron a denominarse desde este momento en «Carboeléctrica Río Turbio Socidad Anónima (CRTSA)» tras la publicación del decreto 115/25 en el Boletín Oficial.
La medida, que fue enticipada ayer a la noche por el voceron presidencial, Manuel Adorni, dispone que «la representación de los derechos derivados de la titularidad de las acciones por parte del Estado Nacional en la sociedad objeto de la presente medida será ejercida de la siguiente manera: el 95% de la participación accionaria estará representada por la Secretaría de Energía y el 5% restante, por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía».
Asimismo, la flamante S.A. deberá «en el plazo de 60 días corridos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, prorrogable por única vez por hasta 30 días corridos, Carboeléctrica Río Trubio deberá elevar a la Secretaría de Hacienda, para su aprobación, el presupuesto correspondiente al año 2025, reduciendo a lo estrictamente indispensable los aportes que el Tesoro Nacional habrá de transferir para cubrir las necesidades financieras que no pudieran cubrirse con recursos genuinos de la sociedad».
En paralelo, la empresa deberá preentar «un plan de inversiones que permita cumplir con su objeto social en condiciones operativas esenciales, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía, que revestirá el carácter de Autoridad de Aplicación de este decreto».
Así, el Gobierno nacional, con este decreto, abré la posibilidad de la privatización de la compañía estatal, por lo menos parcialmente, o abriendo el juego a la participación de capitales privados, como puede suceder en el Banco Nación (BNA).
Pero la diferencia entre el BNA y CRTSA, es que la primera no está comprendida entre las empresas «sujetas a privatización» incluidas en la denominada Ley de Bases, como sí lo está la compañía minera.
De hecho, Adorni cerró su mensaje con el latiguillo menemista de que «nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin».
La empresa fue creada en 1958 en el marco de la puesta en marcha de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y alcanzó su máxima productividad en 1972 con la producción de 570.000 toneladas.
La compañía posee el ramal Ferro industrial Río Turbio, una central eléctrica para uso interno de 21 MW y una central térmoeléctrica en funcionamiento conectada al Sistema Interconectado Nacional, de 240 MW. La Central fue restituida a la órbita de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos en 2020 luego de haber sido paralizada durante 4 años. A fines de 2022 se puso en funcionamiento el Módulo 1 de la Central y se conectó al Sistema Argentino de Interconexión, consiguiendo el hito histórico de generar energía para todo el país desde Río Turbio, Santa Cruz. El Módulo 2 se encuentra en construcción.
Además, la empresa fue privatizada en 1993 por el presidente Carlos Saúl Menem y reestatizada en 2002 por el ex mandatario Eduardo Duhalde.