(Por redacción País Productivo) El «Plan Motosierra» del Gobierno tomó velocidad y decidió eliminar, fusionar o degradar organismos claves como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e Industrial (INTI), entre otra decena de instituciones.
El anuncio estuvo a cargo del Vocero Presidencial Manuel Adorni, que fue secundado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, «alma mater» de los recortes.
En tono meramente político y haciendo mención a la Causa Vialidad, por la cual fue condenada Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, se justificó «el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del
Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial».
«De esta manera, se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales», prosiguió Adorni.
A partir de esto, anunció la «apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de
despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país».
Pero la «deep motosierra» no se quedó ahí, sino que se avance hacia otros organismos claves para el desarrollo económico del país.
Uno de ellos fue el INTI, el cual se convertirá en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo la denominación de Instituto.
En el Gobierno argumentan que «en las gestiones anteriores, el organismo había incrementado notablemente su planta de personal sin que ello se correspondiera con los servicios prestados».
«A su vez, el INTI, ha ido incorporando tareas que, por su naturaleza, podrían ser prestadas por el sector privado, que se ha visto desplazado por la competencia que ejerce el organismo público como oferente de servicios en condiciones de mercado mucho más ventajosas que un privado», indicaron desde Economía.
Según justificaron, «esta redefinición funcional permitirá preservar y fortalecer el rol técnico esencial del INTI en materia de metrología, calidad, innovación e investigación y desarrollo para la mejora competitiva de la industria, para los cuales cuenta con técnicos de excelencia que han sostenido al Instituto a pesar de sus desmanejos administrativos y de personal».
Otro organismo que corrió la misma suerte fue el INTA, su primo hermano, el cual se en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
«El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial», argumentaron.
Así, el INTA perderá su autonomía financiera, política y de conducción, absorbiendo estas facultades la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por lo cual dejará de ser un organismo descentralizado, como lo es hace 70 años, afectando de manera directa su gobernanza y ordenamiento interno.
La lista sigue: se disuelve la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame); el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indigena (INAFCI); el Instituto Nacional de Semillas (INASE); el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).