(Por redacción País Productivo) La desregulación y flexibilización de las normas y exigencias productivas, llegaron a la vitivinicultura, una de las economías regionales centrales de la región de Cuyo.
De esta manera, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pusieron en marcha, a través de la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), una «profunda reforma que moderniza el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria».
«Durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. Para poner orden, se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973. Con esto damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia», indicó el comunicado de Agricultura.
Esta reforma redefine el rol del INV. El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. «En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores», explicó el escrito.
El cambio responde a «un diagnóstico compartido por toda la industria: los excesivos controles y trámites impuestos por el INV habían generado costos, demoras y pérdida de competitividad», argumentaron desde el Gobierno.
Así, los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año.
Se eliminaron la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).
Con esta nueva norma, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas. El INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.