(Por redacción País Productivo) La reciente reducción de las retenciones a los granos y sus derivados generó un fuerte respaldo por parte del sector agroindustrial, que venía reclamando una disminución de la carga impositiva.
La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, supone un recorte promedio de dos puntos porcentuales y representa un cambio relevante en la estructura tributaria que enfrenta la actividad.
El nuevo esquema fija una baja generalizada: la soja desciende de 26% a 24%, mientras que sus derivados reducen la alícuota de 24,5% a 22,5%. Para el trigo y la cebada, la carga pasa de 9,5% a 7,5%; en tanto que el maíz y el sorgo bajan de 9,5% a 8,5%. El girasol, por su parte, se reduce de 5,5% a 4,5%. Se trata de modificaciones que alcanzan a los principales complejos exportadores del país.
La decisión puede interpretarse desde dos ángulos. Por un lado, implica que el Estado resignará parte de la recaudación en un año que se anticipa con una muy buena cosecha. Por otro, permite que los productores recuperen una fracción del valor de su mercadería que hasta ahora quedaba retenida vía impuestos.
Para dimensionar su impacto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió estimaciones preliminares. Ramiro Costa, economista jefe de la entidad, calculó que el alivio fiscal derivado de la reducción de derechos de exportación rondará los US$ 600 millones. Estos recursos, afirmó, quedarán en manos de productores y del entramado agroindustrial, mejorando su capacidad de inversión y operación.
Costa destacó que la baja llega en un momento sensible para el agro, donde los márgenes permanecen ajustados tras varias campañas atravesadas por la volatilidad climática y financiera. Según explicó, la disminución de las alícuotas contribuye a recomponer la ecuación económica y a fortalecer la competitividad, especialmente en un contexto internacional en el que cada punto de eficiencia resulta clave.
El economista subrayó también que una mayor disponibilidad de ingresos puede traducirse en un incremento de la adopción tecnológica, tanto en insumos como en maquinaria y prácticas de manejo. Esto, a su vez, podría impulsar una mayor productividad y consolidar una recuperación más sostenida en el corto y mediano plazo.
Desde el interior productivo, referentes del sector consideran que la medida podría tener efectos positivos sobre la actividad económica regional, al dinamizar inversiones, servicios y empleo local. La expectativa es que el alivio tributario contribuya a un círculo virtuoso que favorezca no solo a los productores sino también a proveedores y comunidades rurales.
Aunque aún resta evaluar su impacto definitivo en las cuentas públicas, la reducción de retenciones aparece como una señal política y económica relevante. Para el agro, representa un gesto de confianza y un incentivo directo para encarar la próxima campaña con mejores perspectivas.