(Por redacción País Productivo) El Presidente de la Nación, Javier Milei, firmó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la implementación de un nuevo programa crediticio.
«Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el PODER EJECUTIVO NACIONAL y el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, las que tendrán un plazo de amortización de DIEZ (10) años», indica el texto que será publicado en el Boletín Oficial en la próximas horas.
Si bien el DNU no cuenta con los detalles del acuerdo, informa que los fondos recibidos serán utilizados para la cancelación de «las letras intransferibles en DÓLARES ESTADOUNIDENSES en poder del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en el marco de las atribuciones conferidas a la SECRETARÍA DE HACIENDA y a la SECRETARÍA DE FINANZAS, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA».
Asimismo, serán canceladas «las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los CUATRO (4) años de la suscripción del acuerdo a celebrarse en los términos del primer párrafo del presente artículo».
En los considerandos de la medida, el Gobierno argumentó que “la volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del BCRA impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización, que impacta de manera directa en la disminución de la inflación y la reducción de la pobreza”.
“La gravedad de la situación descripta y la necesidad de: (a) solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país y (b) cancelar deuda con el FMI a los efectos de garantizar el orden público económico, configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”, marcó el escrito.
En la misma línea, resaltó “eue la exigencia imperiosa del dictado del presente decreto se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente”.
Ahora, el decreto deberá emprender su camino legislativo. Para eso, el Gobierno posee diez días hábiles para remitirlo al Congreso y allí, la Comisión de Trámite Legislativo tendrá otra decena de días para discutirlo y generar un dictamen. Una vez obtenido el mismo, pasará a tratarse en la Cámara de Diputados.