(Por redacción País Productivo) En su afán de desregular la totalidad de la economía, empezando por aquello sectores en los cuales el Estado tiene presencia con sus empresas, el Gobierno nacional oficializó hoy fuertes cambios en el servicio de correo postal.
Lo hizo a través del decreto 1005/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, en la cual se modificaron os requisitos para operar en el sector, ya que consideran que existía una «sobrerregulación de la actividad postal», que «generó barreras de ingreso al mercado, restringiendo la competencia, lo que derivó en un servicio de peor calidad y mayores precios, perjudicando al usuario del servicio».
«Por ende, se deben eliminar los requisitos excesivos para llevar a cabo la actividad y los registros que implican mayor burocracia y menor transparencia!, indicó el escrito.
Asimismo, en los considerandos que explica que «es posible advertir que mientras algunas regulaciones son innecesarias, en tanto constituyen una excesiva intromisión del Estado en el sector; otras, por el avance de la tecnología, han quedado desactualizadas, ya que diversos trámites podrían realizarse de manera más eficiente a través de medios digitales».
Entre los principales cambios planteados, la normativa establece que «los operadores que desarrollen actividades en el mercado postal local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad, quedando los mismos únicamente regulados por las normas de carácter general que en cada caso corresponda aplicar».
Además, marca que «entre los servicios postales que podrán prestar o los productos que podrán ofrecer también se incluyen las cartas documentos, telegramas, comunicaciones fehacientes y giros postales».
«Los precios y servicios del mercado postal local e internacional se pactarán libremente entre las partes, sin intervención de la autoridad pública», agregó.
No obstante, el decreto establece que «el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar que al menos un operador postal ofrezca en todo el territorio de la República Argentina la prestación del Servicio Postal Universal en forma obligatoria y sin exclusividad» y en tanto «no designe otro prestador, el Correo Argentino será la persona jurídica por medio de la cual el Estado Nacional cumpla con los compromisos asumidos en las Actas de la Unión Postal Universal, teniendo a su cargo la prestación del Servicio Postal Universal».
Asimismo, esta empresas «tendrá a su cargo el Servicio Electoral de las Elecciones Nacionales”.