En el marco de las negociaciones por la Ley de Bases, frente a la propuesta difundida de modificar la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, la Cámara Argentina de Empresas Mineras advirtió que una suba en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país.
«La Ley de Inversiones Mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas con voluntad de aportar para la Argentina inversiones de gran volumen, de carácter productivo y con largo plazo de recupero», explicó la entidad.
La modificación de esta herramienta clave «tendrá consecuencias en la confianza en el país como destino de inversiones y tendrá los efectos contrarios a los que se busca propiciar con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)», alertaron los empresarios.
El documento difundido por la CAEM recordó que «el país ya posee una carga tributaria mayor a la de aquellas naciones con las que competimos por las inversiones. La presión impositiva argentina es alta y sumamente regresiva».
El país está ante una oportunidad para desarrollar un sector estratégico, «pero el aumento de las regalías lejos de transformarse en la solución inmediata que algunos imaginan para afrontar los problemas del actual contexto económico, podría generar el efecto contrario. Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones».
Proyectos en riesgo
«Una modificación de este tipo -agregaron los empresarios- impactaría negativamente en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país. En este segmento, dada la falta de nuevas inversiones, contamos mayormente con yacimientos maduros, cuyos costos de producción se van incrementando. Subir la presión impositiva sobre los mismos impactará acortando su vida útil, y en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado».
También, aseguran, afectará a los proyectos de litio al señalar que «tanto los que están en construcción como los que están en producción. La ventana de oportunidad con la que cuenta la industria no acepta alteraciones en la seguridad jurídica. Siendo un sector en pleno desarrollo y el país con la mayor cantidad de proyectos a nivel global, el impacto en el cambio de las reglas de juego significaría un desaliento para nuevas inversiones».
Por otra parte, perjudicará también a los nuevos proyectos y ampliaciones que se esperaba propiciar con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). «Este es un tema sensible, prueba de ello es la escasa cantidad de grandes proyectos que se han puesto en marcha en las últimas décadas» argumentaron.
Al respecto, precisaron que «Argentina, al día de hoy, ha perdido exportaciones anuales por USD 8.000 millones actualmente el sector exporta USD 4.000 millones, cuando se podrían estar exportando USD 12.000 millones. Esa pérdida no solo se mide en dinero: se traduce también en casi 100.000 puestos de trabajo que ya deberían estar activos y sumados a los que hoy se reportan, y en miles de pymes que ya deberían estar produciendo.