(Por redacción País Productivo) En conjunto, las empresas acumulan al menos 560 bajas laborales en medio de conflictos productivos, reestructuraciones y reclamos sindicales.
La ola de despidos no se detiene y ya resulta indiferente en qué rama de la industria se dé. Tal es así que la empresa de electrónica Mirgor despidió a 300 trabajadores en Río Grande, mientras que la alimenticia Granja Tres Arroyos desvinculó a otros 260 empleados de su planta cerrada en Concepción del Uruguay. En conjunto, ambas empresas acumulan unas 560 bajas laborales en medio de conflictos productivos, reestructuraciones y reclamos sindicales.
El caso de Mirgor se produjo en una de sus plantas de Tierra del Fuego, en pleno conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión elevó la tensión en Río Grande y llevó al Gobierno provincial a intervenir para intentar frenar la escalada. La situación derivó en el dictado de una conciliación obligatoria por 15 días por parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego. La medida retrotrajo el conflicto al momento previo a las desvinculaciones y estableció que los trabajadores debían continuar ingresando a sus puestos.
El conflicto comenzó a escalar este lunes, cuando empleados de Mirgor se encontraron impedidos de ocupar sus puestos de trabajo. El episodio se produjo luego de varias semanas de reclamos y medidas de fuerza de la UOM que también involucraron a otras empresas del sector metalúrgico de la provincia. La ministra de Trabajo fueguina, Sonia Castiglione, calificó el escenario como «muy delicado, principalmente para los trabajadores y sus familias». Además, sostuvo que era necesario «generar espacios de diálogo concretos» para que la empresa y el sindicato pudieran discutir sus diferencias. La funcionaria también remarcó que, durante los 15 días de conciliación, los trabajadores «deben continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no deben producirse medidas que profundicen el conflicto».
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó la decisión de la compañía. «Lo que sucede en Mirgor es gravísimo. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre», expresó. Pérez vinculó además el escenario con las políticas nacionales y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei toma medidas que afectan a la industria local. En ese sentido, afirmó que «desmantelan el trabajo fueguino» y reclamó una mayor protección para la actividad industrial de la provincia.
El jefe comunal apuntó, asimismo, contra las compañías que se beneficiaron durante décadas del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Sobre Mirgor, cuestionó que las empresas hayan acumulado beneficios mientras ahora reducen sus planteles de trabajadores. «¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?», planteó Pérez, quien sostuvo que la primera variable de ajuste «deben ser sus márgenes de ganancia y no el empleo». Actualmente, Mirgor cuenta con cinco plantas en Tierra del Fuego vinculadas a la producción de celulares, televisores, electrónica de consumo, climatización y componentes para la industria automotriz.
En paralelo, Granja Tres Arroyos comenzó a notificar despidos en su planta La China, ubicada en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay. Según AgroPerfiles, las desvinculaciones superarían las 260 personas, aunque desde los gremios señalaron que todavía no existe una comunicación oficial que permita establecer el número definitivo. La planta había cerrado sus puertas el 26 de mayo y dejó suspendidos a casi mil trabajadores. De acuerdo con la información publicada, los despidos conocidos hasta ahora representarían alrededor del 25% de esa dotación laboral.
En uno de los telegramas enviados a los trabajadores, la empresa comunicó: «En mi carácter de representante de Granja Tres Arroyos SA le notifico que esta empleadora ha resuelto extinguir el contrato de trabajo que la vincula con usted a partir del día de la fecha, en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo». El documento agrega que la decisión responde a «una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora», originada en «circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad» que afectaron el funcionamiento de la actividad.
La compañía atraviesa un proceso de reestructuración que también alcanza a establecimientos de Buenos Aires y Córdoba. La situación de Granja Tres Arroyos incluye además suspensiones, reducción de actividad y problemas salariales en otras plantas. En Sáenz Peña, por ejemplo, la CGT y UATRE denunciaron que 48 trabajadores no cobran sus salarios desde mayo; mientras tanto, en Pilar, la totalidad del personal de la planta Pinazo fue suspendida durante agosto con el pago del 65% del salario.
