(Por redacción País Productivo) El Gobierno reglamentó el procedimiento que deberán cumplir las personas y empresas interesadas en participar de los remates públicos vinculados con la privatización de compañías estatales.
La medida establece un mecanismo unificado de inscripción para intervenir en las subastas electrónicas previstas en el marco de la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado.
La disposición fue oficializada a través de la Disposición 52/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fija los requisitos que deberán cumplir los potenciales oferentes para participar de los procesos de transferencia de activos públicos.
La normativa determina que todas las privatizaciones mediante remate público se realizarán de manera electrónica a través de la plataforma SUBAST.AR, el sistema oficial de subastas del Estado nacional.
Por ese mecanismo podrán ofrecerse activos de empresas públicas, acciones, cuotas del capital social o establecimientos productivos, de acuerdo con la modalidad que defina el Poder Ejecutivo para cada operación.
Para intervenir en las subastas, los interesados deberán inscribirse previamente en el módulo «Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696», disponible dentro de la plataforma CONTRAT.AR, trámite que será obligatorio para acceder a las convocatorias.
La reglamentación aclara que quienes ya se encuentren registrados en ese módulo podrán participar de los procesos sin necesidad de realizar una nueva inscripción, ya que conservarán la habilitación otorgada bajo el procedimiento vigente.
Además, los concesionarios registrados en el marco de la Ley 17.520 también estarán habilitados para intervenir en las subastas cuando los procesos se desarrollen bajo las normas de privatización y reforma del Estado.
La disposición también exige que los participantes se registren como oferentes en el sistema COMPR.AR, dentro del apartado correspondiente a «Subasta Pública». No obstante, quienes ya integren el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y hayan validado su inscripción en el módulo de privatizaciones quedarán exceptuados de ese requisito adicional.
Otro de los puntos incorporados por la reglamentación establece que el usuario designado como Administrador Legitimado deberá ser el mismo en los sistemas SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR para todos los participantes alcanzados por la normativa.
La reglamentación se conoce mientras el Gobierno avanza con distintos procesos de privatización, entre ellos el de AySA y otras iniciativas vinculadas con activos estatales. Con este esquema, el Ejecutivo busca unificar los criterios de inscripción y estandarizar el procedimiento que deberán cumplir todos los interesados en participar de los futuros remates públicos.