(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional oficializó hoy la promulgación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026, que define como prioridad central el equilibrio fiscal y prevé cerrar el año con superávit financiero.
Según el texto promulgado, el Sector Público Nacional proyecta un resultado positivo de $2,73 billones. Para alcanzar ese objetivo, el esquema presupuestario contempla gastos totales por $148,06 billones frente a recursos estimados en $148,29 billones, una diferencia que permite sostener la meta de ordenamiento de las cuentas públicas.
El mayor volumen del gasto estará orientado a las áreas sociales. Los Servicios Sociales concentrarán $106,5 billones, reafirmando su peso dentro del presupuesto general. En segundo lugar se ubica la atención de la Deuda Pública, con asignaciones por $14,1 billones.
Los Servicios Económicos recibirán partidas por $11,45 billones, mientras que la Administración Gubernamental contará con $8,85 billones. En tanto, Defensa y Seguridad dispondrán de $7,11 billones, completando los principales destinos del gasto estatal previsto para 2026.
La ley también contempla un resultado financiero superavitario adicional de $226.469 millones. Este apartado detalla las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras, donde se destaca el rol del endeudamiento público y, en paralelo, la amortización de compromisos de deuda.
En paralelo a la sanción del presupuesto, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.799, que introduce una reforma integral al Régimen Penal Tributario y al procedimiento fiscal. El oficialismo presentó esta iniciativa bajo el concepto de “principio de Inocencia Fiscal”, con el objetivo de redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.
La norma, también sancionada el 26 de diciembre y publicada este viernes, establece cambios profundos en materia penal tributaria. Entre ellos, se limitan las denuncias penales, se revisan los plazos de prescripción y se elevan significativamente los montos mínimos para que una infracción sea considerada delito.
Uno de los puntos más relevantes es la actualización de los umbrales económicos. La evasión simple dejará de ser delito penal cuando el monto no supere los $100 millones, un salto considerable frente al piso anterior de $1,5 millones. En el caso de la evasión agravada, el límite se eleva hasta los $1.000 millones.
Las restantes figuras contempladas en el régimen penal tributario también registran incrementos sustanciales en sus montos mínimos, con aumentos que en algunos casos superan el 1.000%. Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca enfocar la persecución penal en maniobras de gran escala.
Con ambas leyes ya vigentes, el Ejecutivo avanza en una doble estrategia: ordenar las cuentas públicas a través de un presupuesto con superávit y, al mismo tiempo, redefinir el marco penal tributario para reducir la litigiosidad y concentrar los controles en los casos de mayor gravedad económica.