(Por redacción País Productivo) El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo cuadro tarifario para las distribuidoras Edenor y Edesur, que rige desde el 1 de noviembre, que implica un aumento en la tarifa por encima del 3,5%.
La medida contempla incrementos vinculados al costo de distribución, el precio mayorista de la energía y el transporte eléctrico, en línea con la política de actualización de precios del sector.
Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el ajuste será de 3,6% para los usuarios de Edenor y de 3,53% para los de Edesur respecto de octubre. La suba impactará en todos los niveles del esquema de segmentación (N1, N2 y N3), así como en comercios, industrias, clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores.
El aumento se enmarca en «la política de corrección de precios relativos» impulsada por la Secretaría de Energía, en el contexto de la emergencia económica y energética vigente desde diciembre de 2023.
El Ministerio de Economía sostuvo que «es necesario continuar con la recomposición gradual de las tarifas de servicios públicos, entre ellas las de gas y electricidad», en los considerandos de la medida.
En paralelo, el ENRE dispuso modificaciones en el sistema de lectura de medidores para los usuarios residenciales y pequeños comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
A través de la Resolución 730/2025, se autorizó a Edenor y Edesur a reemplazar el actual esquema de lectura bimestral por uno de medición y facturación mensual.
Las distribuidoras argumentaron que el régimen anterior generaba “confusión” entre los usuarios, debido al desfase entre el consumo real y la fecha de facturación. Con el nuevo esquema mensual, esperan brindar una señal más clara sobre el uso de energía y facilitar el control del gasto.
De esta forma, los usuarios podrán acceder a una facturación más previsible, que refleje con mayor precisión su consumo real. El Gobierno, por su parte, busca avanzar en una mayor transparencia del sistema eléctrico y reducir los desfasajes en la recaudación del servicio, en un contexto de persistente presión inflacionaria.