La jueza neoyorquina Loretta Preska falló en una causa por la estatización de YPF y determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento cercano a los US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, ocurrida en 2012. La medida será apelada «inmediatamente» por el Gobierno nacional.
La jueza Preska determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos al fondo Burford Capital, en torno de la judicialización del proceso de nacionalización de la petrolera que fue sancionado por el Congreso nacional en 2012.
Lo insólito del fallo es que Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la nacionalización del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.
El 31 de marzo último Preska había fallado en contra del país y eximido de responsabilidades a YPF, al haber determinado incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino, y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.
Hoy fue un poco más allá con el alcance del fallo y consideró que «el cálculo del profesor Fischel» (una de las formulas expuestas en el juicio) del precio pautado de la indemnización «es correcto y se basa en la relación precio/ingresos requerida por Fórmula D», sentenció, sin precisar montos.
Esto fue interpretado por especialistas en el juicio de que la Argentina debería pagar el máximo que se especulaba, estimado en alrededor de US$16.000 millones.
«La Corte determina que la República ejerció control indirecto sobre la cantidad requerida de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, desencadenando así sus obligaciones » respecto de la orden de este fallo, concluyó Preska.
«El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska», sostuvo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y en la misma línea el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital, manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York.