(Por redacción País Productivo) Los jueces José Martín Zárate y Francisco Augusto Blanc están en la mira por presunta participación en maniobras extorsivas vinculadas a un loteo inmobiliario. Denuncian reuniones fuera de tribunales, pedidos de medio millón de dólares y hasta una oferta de dinero de un magistrado para cerrar el acuerdo. Ahora, la Suprema Corte bonaerense intervino y sorteó a los profesionales que integrarán el comité evaluador.

Tandil suele aparecer en la agenda pública por sus paisajes serranos y su perfil turístico. Sin embargo, en las últimas semanas la ciudad “soñada” se convirtió en escenario de un escándalo judicial que involucra a dos magistrados: José Martín Zárate y Francisco Augusto Blanc.

La causa, revelada a través de denuncias judiciales y publicada por medios locales como El Día de Tandil, apunta a un entramado en el que confluyen un empresario turístico, abogados, escribanos y un juez. Según los denunciantes, se habrían desplegado maniobras de extorsión, presiones judiciales y negociaciones por fuera del contexto legal para quedarse con tierras en la zona de El Centinela, un sector codiciado para emprendimientos inmobiliarios.

El pedido millonario y las “negociaciones” de los jueces

Todo comenzó cuando el empresario Luis Cerone exigió a herederos y cesionarios de los terrenos la suma de 500 mil dólares para que un ocupante cediera sus supuestos derechos, más otros 100 mil dólares para cubrir honorarios legales.

Lo más llamativo, según surge de las declaraciones testimoniales y del expediente, es que el propio juez Zárate habría intervenido en esas negociaciones. Testigos aseguran que el magistrado no solo avaló reuniones fuera del tribunal, sino que incluso se ofreció a aportar 50 mil dólares de su propio patrimonio para “cerrar el acuerdo”, a cambio de garantías de los damnificados. Pero no fue el único. En presentaciones posteriores también se apuntó contra el juez Francisco Augusto Blanc, que intervino en el expediente y habría convalidado decisiones cuestionadas que beneficiaban al mismo grupo empresario.

Reuniones en el Hotel Libertador

Lejos de los tribunales, varias de estas conversaciones se realizaron en el Hotel Libertador, un espacio vinculado al empresario Cerone. Para los denunciantes, este dato refuerza la connivencia entre el sector privado y los magistrados.

Uno de ellos lo expresó con crudeza: “¿Cómo puede ser que un juez nos cite en un hotel para negociar dólares? Eso no es justicia, es un negocio.” En paralelo, se analiza la actuación del juez Blanc, señalado por los denunciantes como otro engranaje clave en el esquema de maniobras judiciales irregulares.

 Investigación y allanamientos

La denuncia derivó en una investigación a cargo del fiscal Juan Ignacio Calonje, que incluyó allanamientos en el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Tandil, en el domicilio particular del juez Zárate, en estudios jurídicos y en el propio Hotel Libertador.

En paralelo, se analizan presuntas irregularidades en otros expedientes en los que intervino Zárate, con sospechas de uso de documentos falsos y transferencias inmobiliarias poco claras.

La intervención de la Suprema Corte

El caso escaló y ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El 27 de agosto se realizó el sorteo de los profesionaels que deberán integrar el comité evaludador: 168 nombres, ninguno pertenerce al Departamento Judicial de Azul. Todavía resta que sentadores y diputados provinciales designen a sus representantantes, lo que dará forma definiva al cuerpo que analizá la situación de los jueces denunciados.

Una ciudad conmocionada

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad tandilense. Lo que parecía un conflicto de tierras terminó destapando una trama de extorsiones, connivencia judicial y maniobras empresariales.

El futuro judicial de los jueces Zárate y Blanc está en manos de la investigación y del comité que evaluará su desempeño, pero el daño a la confianza en las instituciones ya está hecho. Lo que debía resolverse en tribunales, según las denuncias, terminó negociándose con dólares sobre la mesa y acuerdos en hoteles.

Un caso que expone cómo, detrás de la postal de la “ciudad soñada”, la justicia puede convertirse en una pesadilla.