(Por redacción País Productivo) La reforma de la ley de biocombustibles quedó trabada en la Cámara de Diputados ante la falta de acuerdos entre el oficialismo y sus aliados, en medio de los reclamos para proteger a las pymes productoras de biodiésel.
La iniciativa busca elevar del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas y del 5% al 10% el de biodiésel en el gasoil, pero las diferencias sobre la distribución del mercado impidieron avanzar con el consenso necesario.
El conflicto quedó expuesto durante una nueva reunión de las comisiones de Energía, Presupuesto y Agricultura, donde el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, defendió el texto que ya cuenta con media sanción del Senado. “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”, sostuvo el funcionario, al advertir sobre la posición del Ejecutivo frente a los pedidos de modificación.
El principal punto de desacuerdo es el esquema previsto para las empresas de biodiésel que no están integradas a grandes grupos aceiteros. El proyecto contempla una apertura progresiva de la actividad y establece una reserva de mercado para esas compañías hasta 2036, con porcentajes que disminuirán a lo largo del período. Las pymes advierten que una mayor competencia podría comprometer sus inversiones y su continuidad.
Frente a ese escenario, algunos legisladores plantearon elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12,5% y mantener una participación garantizada para las firmas independientes. La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz sintetizó esa posición con una propuesta: “Ampliar el corte donde nadie pierda”. El objetivo es aumentar la demanda y evitar que la apertura del mercado perjudique a las empresas de menor escala.
Las diferencias también atraviesan a los bloques que suelen acompañar al Gobierno. Legisladores del PRO y de la UCR expresaron reparos por el impacto que la reforma podría tener sobre las pymes de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, San Luis y Entre Ríos. Desde el PRO, un referente justificó las dificultades para respaldar el texto al señalar: “La mitad de nuestro bloque viene de Buenos Aires y La Pampa”.
En contraposición, representantes de provincias como Córdoba y Santa Fe respaldan la aprobación de la iniciativa en los términos acordados en el Senado. Para esos sectores, aumentar los porcentajes de mezcla permitiría ampliar la producción y favorecer la actividad de las industrias vinculadas con el bioetanol y el biodiésel. La discusión también abrió planteos para dividir el proyecto en dos y avanzar por separado con la parte correspondiente al bioetanol, aunque esa alternativa todavía no logró destrabar las negociaciones.
Desde Unión por la Patria también reclamaron que la Cámara baja pueda revisar el texto aprobado por los senadores. El jefe del bloque, Germán Martínez, sostuvo que los acuerdos previos podrían no contemplar a todos los actores productivos involucrados y defendió la necesidad de continuar la discusión. Las diferencias responden, en buena medida, a los intereses de las provincias y a las distintas posiciones sobre cómo repartir el mercado entre las empresas independientes y los grandes productores.
Mientras el oficialismo busca evitar una nueva ronda de negociaciones, el futuro de la reforma permanece condicionado por la falta de consenso en Diputados. Veller defendió una transición acotada para modificar el esquema vigente y advirtió que convertirla en un rediseño permanente desvirtuaría el objetivo de la iniciativa. Sin un acuerdo sobre las condiciones de participación de las pymes, el proyecto enfrenta dificultades para avanzar hacia su tratamiento definitivo.