(Por redacción País Productivo) En medio de su intento de acercarse a los gobernadores de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, el Gobierno nacional vetó la Ley de redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los mandatarios provinciales, tensando la relación con estos, cuando supuestamente busca limar asperezas.
Si bien el Presidente de la Nación, Javier Milei, había dejado trascender en los últimos días que vetaría esta Ley, junto con la de Emergencia Pediátrica y Universitaria, ahora la «mesa» de negociación con los gobernadores contará con este rechazo como punto de tensión, sobre todo con aquellos que en los últimos meses comenzaron a despegarse y aumentar el número de críticas hacia la gestión oficial.
No obstante, Milei reflotó el Ministerio del Interior al mando de Lisandro Catalán, para entablar conversaciones con los mandatarios provinciales «afines», al mismo tiempo que ordenó al ministro de Economía, Luis Caputo, a negociar con cada uno de ellos de manera particular.
Razones del veto
El Gobierno fundamentó su veto – que fue publicado hoy en el Boletín Oficial como decreto 652/2025 – al asegurar que esta Ley «priva al Estado Nacional de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto» y que esto «implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional».
Además, plantea que «el carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación, el cual responde a parámetros de distribución estructurales y generales».
Asimismo, entiende que «el vaciamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las Provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales, comprometiendo con ello los principios de equidad y solidaridad federal que la Constitución Nacional impone».
Por último, afirma que «la norma sancionada contradice los criterios objetivos de reparto y la finalidad legalmente reconocida a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional y se aparta de los principios de razonabilidad y equilibrio que deben guiar la legislación en materia de federalismo fiscal».