El presidente de CADIEEL y vicepresidente de ADIMRA, José Tamborenea, se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que forma parte del proyecto de la Ley de Bases que se discute en el Senado como un esquema que crea inequidades que resultan perjudiciales para los pequeños y medianos industriales frente a los beneficios que obtendrían los grandes inversores extranjeros.
En diálogo con País Productivo Radio, Tamborenea consideró que «el RIGI es un régimen de incentivo a inversiones que tiene lo que se llama una discriminación impositiva. En este caso, es en perjuicio de la industria pero ya de una manera transversal porque es cualquier inversión, no sólo als extrativistas, y esas son las cosas que empiezan a generar más incertidumbre».
«Claramente, esa discriminación de carácter positivo se da en el régimen de ganancias, porque pagan 10 puntos menos que todos los que tributamos ganancias en general, porque se toman todo el IVA de las importaciones a cuenta de crédito fiscal y nosotros pagamos 21%. Porque los ingresos brutos están exentos de forma obligatoria hacia la provincia, cuando nosotros pagamos 6%»; puso como ejemoplo el directivo industrial
En ese mismo sentido, alertó que el proyecto en su actual redacción hace que el capital externo «no paga tasa estadística que todos nosotros pagamos 3%, no paga impuesto país, que nosotros pagamos 17,5% para importar las partes y piezas, no paga derechos de importación, que nosotros pagamos entre la industria 13% promedio, no paga derechos de exportación después del segundo año».
En ese sentido, entendió que la discriminación se traduce en un promedio de 30 a 40 puntos de beneficios impositivos, depende el tipo de producto, que, en igualdad de condiciones, la industria nacional debe tributar y el inversor extranjero no.
«Lo que hace el RIGI es claramente equilibrar la cancha de una forma escandalosa a nivel de competitividad porque estamos hablando justamente de empresas grandes, empresas que tienen créditos, que tienen recursos, que tienen un montón de cosas que no tienen las PyMEs», sentenció.
Pero por otro lado, también cuestionó que «no tienen la obligación de liquidar divisas en el país, algo que no coincide con lo que dicen los teóricos intereses de la gestión de gobierno para decir «yo quiero tener más respaldo en el BCRA, o quiero tener mayor cantidad de dólares. En este caso, no están obligados a liquidar divisas después del tercer año, con lo cual, tienen 27 años de libertad absoluta de dólares».
Finalmente Tambnorenea fustigó la propuesta de importar bienes de capital usados, «porque eso compite, sobre todo, si hay fabricación nacional. Pero ya de por sí la ley lo prohibía, ahora se puede traer bienes de capital usado y se los puede vender, entonces eso es inaplicable, y no se lo puede aceptar».
!Quiero desarrollar la cadena de valor industrial argentina, quiero hacer una transferencia tecnológica, quiero una apuesta al I+D, que son cosas que te van a generar valor local, mano de obra local y eso después puede convertirse en exportable como lo tienen otros países», concluyó.