(Por redacción País Productivo) La industria textil profundizó su crisis y registró una caída del 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026. La contracción productiva estuvo acompañada por una fuerte destrucción de puestos de trabajo: desde diciembre de 2023, la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 empleos registrados, mientras que la utilización de la capacidad instalada descendió al 40,6%, uno de los niveles más bajos de su historia.
Los datos fueron presentados por la Fundación Pro Tejer durante el encuentro ProTextil 2026 y reflejan el deterioro que atraviesa uno de los sectores industriales más vinculados al consumo interno. En comparación con el mismo período de 2023, la actividad acumuló un retroceso del 33,9%. Actualmente, seis de cada diez máquinas permanecen sin funcionar en las fábricas.
El impacto también se trasladó al entramado empresarial. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 desaparecieron 1.090 establecimientos industriales vinculados con la cadena textil, de indumentaria y calzado, lo que representó una reducción del 17,7%. A esa pérdida se sumaron otros 3.804 comercios, equivalentes a una contracción del 17,8% en el segmento comercial.
Uno de los factores que explica el deterioro es el avance de los productos importados sobre el mercado interno. Según el relevamiento de Pro Tejer, las compras externas pasaron de cubrir históricamente cerca de la mitad del abastecimiento local a representar alrededor del 70%. En consecuencia, la producción nacional redujo su participación hasta aproximadamente el 30%.
Las estadísticas de comercio exterior muestran el crecimiento de algunos segmentos. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de indumentaria aumentaron 46% en toneladas respecto del mismo período del año anterior, mientras que las confecciones para el hogar registraron un incremento del 209%. También avanzaron las compras realizadas mediante el sistema de courier, que alcanzaron los US$960 millones en los primeros nueve meses del año.
A la presión importadora se sumó la debilidad de la demanda doméstica. En la comparación entre enero y agosto de 2026 y el mismo período de 2023, los salarios registrados privados retrocedieron 4%, los públicos cayeron 25% y los haberes mínimos jubilatorios, incluido el bono, disminuyeron 10%. En paralelo, las ventas en supermercados bajaron 16,2% y las de los shoppings se desplomaron 28,5%.
Otro componente que afecta la competitividad de las empresas son los costos de producción y funcionamiento. De acuerdo con los datos presentados por la entidad, la canasta de servicios públicos que incluye electricidad, gas, agua y transporte aumentó 966% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241% en el mismo período.
Durante la apertura del encuentro, el presidente de Pro Tejer, Luciano Galfione, cuestionó las condiciones en las que deben competir los fabricantes nacionales y reclamó una política industrial que permita sostener la producción. Si bien reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la reducción de la inflación, advirtió que esas condiciones no son suficientes para reactivar al sector. «Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad», sostuvo.
Galfione también apuntó contra los costos que enfrentan las empresas por fuera de las fábricas, entre ellos la carga impositiva, la logística, el financiamiento, la infraestructura y los alquileres comerciales. En ese marco, cuestionó el esquema de incentivos a las grandes inversiones por considerar que no establece suficientes exigencias de integración con proveedores locales. Las pymes representan el 98% de las empresas empleadoras y concentran la mitad del empleo privado registrado, según los datos expuestos por la fundación.
Frente a este escenario, Pro Tejer reclamó medidas para recuperar la competitividad de la producción nacional y advirtió sobre el impacto de la apertura comercial sin condiciones equivalentes para los fabricantes locales. La entidad señaló que distintas economías comenzaron a implementar herramientas de protección industrial, como aranceles, subsidios y exigencias de contenido nacional. Mientras tanto, la industria textil argentina enfrenta una combinación de menor consumo, mayor presencia de productos importados, fábricas con capacidad ociosa y una pérdida sostenida de empleos y establecimientos.