(Por redacción País Productivo) El abogado remarcó la importancia de renovar la medida cautelar que frenó, de momento, la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, habló sobre el plan del oficialismo y reclamó la implementación de soluciones más contundentes.
Los trabajadores de la entidad bancaria consiguieron alargar la espera del Gobierno en el proceso de privatización. «La Justicia acaba de dictar una suerte de mancha congelada contra el Decreto de Milei que pretendió llevar la estructura del banco a una sociedad anónima. Obtuvimos la renovación de la cautelar que había sido dictada en marzo de este año», explicó Jerónimo Guerrero Iraola, agobado de los litigantes.
La extensión de la medida que pone en stand by este avance de la gestión libertaria aparece como una gota de agua en el desierto si se toman en cuenta todas las iniciativas de desmantelamiento de organismos del Estado, según el letrado. “Estamos peleando con una ojota contra una política deliberada de entrega de la soberanía”, aseguró en diálogo con País Productivo.
La suspensión de la norma se mantendrá por seis meses más; una resolución vital desde el punto de vista del entrevistado. “El poder Ejecutivo no iba a frenar, y si se levantaba la medida, corríamos mucho riesgo de que ellos instrumentaran este pasaje de figura societaria”, agregó Guerro Iraola para justificar la decisión de los empleados de volver a pedir la interrupción de los efectos de la normativa.
Una gota de resistencia
El entrevistado expresó su opinión más allá del traje y señaló cuál es, a su entender, la intención del oficialismo detrás de todos los procesos de privatización: “Aquí hay una definición de los hermanos Milei de entregar la soberanía nacional y cuando digo esto, me refiero a desguazar todo el instrumental de vuelo con el que cuenta el Estado para poder diseñar sus políticas públicas de desarrollo”.
Para Guerrero Iraola en esta afirmación se encuentra la clave para entender la decisión de convertir a la entidad financiera en una sociedad anónima como paso previo a la privatización. “Hay un sinnúmero de políticas que en cada uno de los frentes en lo que uno se ponga a mirar va a encontrar políticas deliberadas de entrega. Así pasó con el INTI, el INTA, el CONICET, etc”, insistió.
“Además, el Banco Nación no es deficitario. Ni siquiera entraría dentro de la justificación de que esto genera déficit, porque es una entidad autónoma y autárquica superavitaria, es decir, genera los recursos para su propia subsistencia y genera valor solo con su presencia”, continuó el abogado que representa a los trabajadores del organismo público.
“Es un plan sistemático de entrega de la soberanía. Creo que Milei es un experimento global que busca generar las condiciones para que Argentina entre de rodillas al proceso de la cuarta revolución industrial”, recalcó el invitado. En un escenario en el que se cuestiona la hegemonía de Estados Unidos, aparece una oportunidad reacomodamiento de las fuerzas productivas que el país debería tomar para posicionarse, consideró Guerrero Iraola.
La puja por un lugar de privilegio en la reestructuración de red de producción mundial se da entre la nueva oligarquía global -así se refirió el letrado a las big tech y grandes empresas internacionales- y la industria local. “La derecha está destruyendo y recortando las capacidades del Estado para generar en condiciones de dependencia”, aseguró el abogado.
La presión que se ejerce en distintos puntos de lucha contra el plan del Gobierno es como una gota en el desierto, que si bien es útil dentro de la sequía, no termina siendo suficiente según Guerrero Iraola que entiende que los trabajadores de Banco Nación, INTI, INTA, CONICET, entre otros, libran una batalla importante y aportan con lo que pueden. “Estamos resistiendo con un par de ojotas y tratando de evitar que nos apedreen”, afirmó.
“Hay que ganar las elecciones de octubre y conformar un Congreso que ponga freno a las medidas deliberadas de entrega”, continuó el entrevistado en su intención de convencer a los oyentes sobre la importancia de los comicios nacionales de medio término y reflexionó: “Mientras tanto, tenemos esta mancha congelada que dictó la Justicia y que es un pequeño logro en medio de este desierto. Las soluciones no son jurídicas, sino políticas”.
“Argentina tiene una verdadera oportunidad de entrar de pie a la cuarta revolución industrial y ser locomotora de la historia. Esta tragedia que nos está sucediendo a nivel nacional tiene que parar, porque lo que sigan destruyendo o logren destruir los hermanos Milei va a llevar muchos años de reconstrucción. Los años que perdamos en esta transición global son irrecuperables. Nos están dejando verdaderamente condicionados”, recalcó Guerrero Iraola.
La cuestión es federal
“Si hoy el Banco Nación fuese una sociedad anónima, los fondos buitre podrían pedir el embargo de las acciones como lo están haciendo con YPF”, dijo el entrevistado para defender la naturaleza jurídica de la entidad. Además, resaltó su rol estratégico:“Más allá de eso, tenemos que entender que su capilaridad hace que en distintos lugares donde el privado no llega o no pone énfasis, el Estado pueda direccionar políticas para apuntalar la producción”.
El armado de un plan de crecimiento en el que pensó Guerro Iraola no se limita a la ayuda económica a sectores en crisis, sino que incluye a la minería y el agro, dos segmentos que el Gobierno considera prioritarios y cuyas áreas de explotación suelen estar en territorios muy alejados. “Como dijo Néstor Kircher: ‘El mercado es muy eficiente en la asignación de recursos, pero es muy ineficiente en la equiparación de un país federal y generar condiciones equitativas de desarrollo”, agregó.
Sobre estas fortalezas de contar con un banco nacional se cimienta la defensa de los trabajadores que impulsaron el pedido de inconstitucionalidad del Decreto 70/23 y la inaplicabilidad de la Ley de Bases. “Son las plataformas de derecho sobre las cuales el Gobierno intentó avanzar con la privatización de entidades públicas y empresas del Estado”, aclaró el entrevistado.
El otro argumento que sirve para frenar la aplicación de las facultades delegadas tiene que ver con la figura societaria de la entidad. “El Banco Nación es una estructura autónoma y autárquica. Su carta orgánica, es decir, el texto fundacional está creado por ley y esa naturaleza hace que no pueda ser asimilado a una sociedad nacional y esté excluida de la normativa que rechazamos”, concluyó.