(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional dio inicio formal al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial, la cual establece un plazo de 8 meses para concretar la operación.
La medida establece la venta del 90% del paquete accionario de la empresa estatal al sector privado, tras un anuncio realizado el 23 de julio pasado, luego de que se modificara el estatuto de la compañía para habilitar este tipo de operaciones.
La resolución dispone un plazo de ocho meses para concretar la privatización. En ese marco, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, a llevar adelante el proceso.
Asimismo, se encomendó a la Secretaría de Obras Públicas la elaboración de la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión del servicio.
De acuerdo con el texto oficial, la ATEP deberá contratar a un banco estatal para realizar la valuación de las acciones de AySA. La agencia tendrá también la responsabilidad de ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales aquellas acciones que eventualmente permanezcan bajo control estatal, siempre dentro del plazo establecido.
La normativa aclara que la valuación deberá estar a cargo de organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. En caso de no ser posible, se podrá recurrir a entidades privadas o internacionales, aunque estas no podrán participar posteriormente en el proceso de adjudicación. Cualquiera sea el caso, la tasación mantendrá el carácter de presupuesto oficial.
En forma paralela, el Gobierno informó que el Tribunal de Tasaciones de la Nación notificó su “imposibilidad” de realizar una valuación completa de AySA en un plazo considerado “razonable”, motivo por el cual se habilitó la contratación de otras entidades bajo las condiciones mencionadas en la resolución.
El esquema de venta se articulará a través de dos instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), aunque no se especificaron detalles sobre la modalidad.
En cuanto al 10% restante del capital de AySA, el Gobierno confirmó que permanecerá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada que la empresa mantiene vigente desde su constitución.