(Por redacción País Productivo) El Gobierno avanzó con la privatización total de Intercargo y formalizó el inicio del proceso para transferir el 100% de la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en aeropuertos.
La medida se concretó con la publicación de la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, que habilita el llamado a licitación pública nacional e internacional.
La decisión se inscribe dentro del programa de reformas impulsado por el Ejecutivo y se apoya en el marco legal vigente, particularmente en la Ley 27.742 y el Decreto 198/2025, que ya habían establecido la posibilidad de avanzar con la venta total de la compañía.
El procedimiento elegido será una licitación de etapa múltiple con base, un formato que, según se detalla en la normativa, busca asegurar “transparencia, competencia y máxima concurrencia” en la selección del futuro operador.
Para llevar adelante el proceso, el Ministerio de Economía aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones, documento central que regirá la convocatoria y establecerá los requisitos técnicos, económicos y legales para los interesados.
La gestión de la licitación se realizará íntegramente a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde las empresas podrán consultar la documentación oficial y presentar sus propuestas dentro de los plazos estipulados.
De acuerdo con el cronograma difundido, el período para realizar consultas se extenderá hasta el 27 de abril de 2026, mientras que la recepción de ofertas tendrá como fecha límite el 7 de mayo a las 9:30. La apertura de sobres está prevista para ese mismo día a las 10.
Como parte del esquema institucional, se dispuso la creación de una Comisión Evaluadora “ad hoc”, integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las ofertas y emitir recomendaciones sobre la adjudicación.
Además, intervendrán distintos organismos del Estado, entre ellos la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que podrán solicitar asistencia técnica durante el desarrollo del proceso.
El valor base de la operación surge de una tasación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que fue incorporada al pliego como referencia para las ofertas económicas.
Uno de los aspectos clave de la operación es que, previo a la transferencia accionaria, el Estado deberá rescindir de común acuerdo el contrato de concesión que actualmente otorga a Intercargo la exclusividad del servicio de rampa.
Desde el Ejecutivo subrayaron que la iniciativa apunta a optimizar el uso de recursos públicos y fomentar la participación de operadores privados con experiencia en el sector aerocomercial.
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la medida a través de un mensaje en X, donde señaló que se presentarían “las bases y condiciones para la privatización de Intercargo”.
El funcionario definió la operación como un paso más en la transformación del sistema aerocomercial y precisó que se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica la continuidad operativa de la compañía.
Este esquema contempla la transferencia integral de la firma, incluyendo contratos, licencias y funcionamiento en todos los aeropuertos donde actualmente presta servicios, junto con la salida total del Estado de su participación accionaria.
Caputo también vinculó la decisión con reformas previas del sector, como la desregulación del mercado aerocomercial y la apertura a nuevos prestadores, y sostuvo que el objetivo es “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.