(Por redacción País Productivo) El histórico default de la aceitera y agroexportadora Vicentin en 2019 no solo significó la caída de la cerealera (hoy en manos del grupo Grassi), sino que también impactó de lleno en otras empresas que tenía el holding familiar, como es el caso de su hilandera, una de las empresas madre del grupo.
Se trata de la Algodonera Avellaneda, ubicada en la ciudad santafesina de Reconquista. Esta importante hilandera, que emplea en la zona a 350 personas, se encuentra en concurso de acreedores desde 2024.
Pero en septiembre, el juez a cargo del procedimiento, Fabián Lorenzini —que también tuvo a su cargo el concurso de la agroexportadora— tomó la determinación de abrir un proceso de salvataje o cramdown, ante la imposibilidad de la firma para alcanzar las mayorías necesarias para sellar un acuerdo con sus acreedores y reestructurar su deuda.
Este proceso es simple: se abre un plazo determinado de tiempo para que los interesados en quedarse con el paquete accionario presenten sus ofertas, que en este caso fue del 29 de septiembre al 5 de octubre. Una vez vencido, el juez y los síndicos analizan las propuestas, eligen las más factibles y después se abre un nuevo proceso de aprobaciones.
Pero el problema con el que cuenta Algodonera Avellaneda es que tiene una deuda básicamente impagable y el 80% de la misma es con un solo acreedor: el Banco Nación.
Solo a esa entidad le debe $1.585.782.428,89 y U$S 260.791.600,40. Ante la supuesta «inflexibilidad» del BNA para una reestructuración, ese monto, para una empresa que trabaja al 60% en el marco de un sector que se encuentra inmerso en una severa crisis por decisión de la política económica nacional, es insalvable.
Además, la Sindicatura registró un pasivo postconcursal de $6.818.717.040,87 (correspondiente a períodos 2025-2026), originado en acreencias de servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y laborales.
Teniendo en cuenta este contexto, se daba por hecho que nadie se iba a presentar como interesado en quedarse con la hilandería. Y de hecho, eso fue lo que sucedió, cuestión que deja abierta la puerta para que el juez tome la decisión más obvia de todas ajustándose a la ley: decretar la quiebra.
Ahora el tema es qué tipo de quiebra va a dictar: una que directamente disuelva la firma y liquide sus activos o una quiebra con continuidad —esto es, que la fábrica siga trabajando y generando recursos hasta que se encuentre comprador o alguna otra solución—. Esta última es lo único que impediría que 350 familias queden en la calle.