(Por redacción País Productivo) El Gobierno nacional anunció hoy la creación del Régimen de Reparación Federal, que tiene por objetivo facilitar el saneamiento y la regularización de las cuentas y deudas entre Nación y las provincias, cuestión que más de una vez ha tensado la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
Al respecto, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que “la idea es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación”, ya que “desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”.
A través de este decreto -que saldrá publicado mañana viernes- las provincias y la Ciudad de Buenos Aires «podrán incorporar al citado régimen las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno de los distritos, de modo de acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional», explicaron desde el Gobierno.
“Tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires tendrán un plazo de 30 días para manifestar su voluntad de participar en este régimen, a partir de la entrada en vigencia del decreto”, informó Catalán, al tiempo que indicó que los distritos interesados “tendrán un plazo máximo de 60 para presentar la documentación que respalde la legitimidad de las deudas a incluir en este sistema de compensaciones”.
“El objetivo es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, añadió Catalán, ya que, según enfatizó, “uno de los pilares de nuestro Gobierno es el ordenamiento de la macroeconomía y el equilibrio fiscal”.
Por último, el decreto indica que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes.
Y deja como opción la posibilidad de que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.