(Por redacción País Productivo) El Presidente de la Nación, Javier Milei, vetó hoy la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada hace unas semanas por el Congreso Nacional, un día después de la realización de un multitudinaria marcha en defensa de la educación pública.
A través del decreto 879/2024 publicado hoy en Boletín Oficial, que lleva la firma de Milei y de todos los ministros nacionales, el Gobierno justificó la decisión con argumentos poco vistos, como por ejemplo, que la norma busca perjudicar políticamente al Ejecutivo.
En los considerandos, el escrito resalta la «necesidad imperiosa» de vetar la Ley «no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional».
Pero además, «que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente».
«Las disposiciones citadas tienen por fin limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional», explicó la norma.
Además, remarcó que «la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo Nacional es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía».
«Que la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa» y «que toda política de crecimiento debe basarse en el entendimiento de la actual situación, del estado de las cuentas públicas y de la previsión en los gastos e inversiones futuras, disponiendo de los escasos recursos existentes de forma responsable, sin comprometer el futuro de los argentinos».