(Por redacción País Productivo) La Justicia ordenó avanzar con la suspensión gradual de las actividades en las tres plantas de Algodonera Avellaneda y declaró extinguidos los contratos laborales de sus 243 trabajadores.

La decisión alcanza a la hilandería de Reconquista, en Santa Fe, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco, en el marco del proceso de quiebra de la compañía.

La resolución fue firmada este martes 17 de noviembre por el juez de Primera Instancia y Comercial de Segunda Nominación de Rafaela, Fabián Lorenzini, quien hizo lugar al planteo de la sindicatura de poner fin a las operaciones. El magistrado dispuso que el cese se concrete de manera progresiva para evitar que la continuidad de la producción profundice el endeudamiento de la firma.

En el fallo, Lorenzini estableció que las plantas deberán detener sus operaciones «gradual y paulatinamente las actividades a los fines de evitar la generación de nuevas deudas que pongan en riesgo el repago a los acreedores y trabajadores». Para eso, la sindicatura tendrá que completar los procesos productivos que ya están en marcha, sin incorporar nueva materia prima, y ejecutar un cronograma de cierre.

La resolución también ordenó «finalizar los contratos comerciales vigentes» con las dos compañías que sostenían la actividad mediante acuerdos de trabajo a fasón. En paralelo, el juez declaró «extinguidos por causa de la quiebra» los vínculos laborales, aunque las desvinculaciones se harán efectivas una vez que terminen las tareas de producción pendientes. Mientras tanto, se conservarán guardias mínimas en los establecimientos.

Los 243 trabajadores afectados podrán iniciar los trámites para acceder a las prestaciones por desempleo y solicitar la verificación de sus créditos laborales. La distribución de los puestos de trabajo alcanzados comprende a 203 empleados de la hilandería de Reconquista, 21 de la desmotadora de Bandera y otros 18 de la planta chaqueña de General Pinedo.

No obstante, el magistrado aclaró que la medida no implica todavía una clausura definitiva de los establecimientos. En ese sentido, precisó que «esta medida no importa el cierre definitivo de los establecimientos, que se resolverá oportunamente», una definición que deja abierta la posibilidad de que las instalaciones continúen operativas bajo otro esquema si aparece un interesado en su adquisición.

El déficit que precipitó el cierre

El fallo tomó como fundamento el diagnóstico presentado por los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, quienes consideraron inviable sostener la explotación de las unidades productivas. Según su evaluación, los ingresos obtenidos por los contratos a fasón no alcanzan para cubrir los costos necesarios para mantener las fábricas en funcionamiento.

«Adelantamos que el dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida», señalaron los profesionales en su presentación. También explicaron que esa modalidad de trabajo constituye actualmente la única fuente de actividad de la compañía, pero no genera recursos suficientes para afrontar sus obligaciones.

En el informe advirtieron que «con los ingresos que generan los mismos no es posible mantener la actividad sin contraer nuevos pasivos». Además, detallaron que la facturación apenas permite afrontar los salarios y las cargas sociales, pero deja sin financiamiento rubros esenciales como la electricidad, los insumos industriales y los servicios complementarios.

La situación quedó especialmente expuesta en la hilandería de Reconquista. Durante octubre, los trabajos a fasón generaron ingresos por $424,8 millones, mientras que los costos operativos llegaron a $1.239,5 millones. La diferencia arrojó un resultado negativo de $814,7 millones en un solo mes, equivalente a unos US$538.800.

De acuerdo con los síndicos, los aproximadamente $425 millones facturados por esos contratos se destinaban prácticamente en su totalidad al pago de salarios y cargas sociales, que representaban unos $355 millones. A ese desembolso se sumaban las facturas de electricidad, con un costo mensual de entre $533 millones y $782 millones, además de los insumos y otros servicios indispensables para sostener la producción.

El cuadro financiero se agravó desde que Lorenzini decretó la quiebra de Algodonera Avellaneda, el pasado 16 de octubre. En ese momento, la empresa acumulaba deudas por US$260 millones, principalmente con el Banco Nación, y registraba un pasivo posterior a la declaración de quiebra superior a los $6.000 millones. Para la sindicatura, continuar produciendo en esas condiciones implicaba seguir ampliando el rojo y reducir los recursos disponibles para afrontar los compromisos pendientes.

Por eso, los profesionales sostuvieron que «el cese de la explotación es, en este caso, la decisión que mejor protege ese producido, porque detiene la generación de gastos del concurso que se pagarían con preferencia». También remarcaron que resolver la situación laboral resulta clave para que los operarios puedan acceder sin demoras al seguro de desempleo y al reconocimiento de las acreencias que mantienen con la compañía.

La venta de los activos, en marcha

La decisión de interrumpir las operaciones se conoció mientras avanza el proceso judicial para vender los activos de Algodonera Avellaneda. Una semana antes, el juzgado había establecido las condiciones para la liquidación de las instalaciones y fijado los valores de referencia de los distintos establecimientos.

En esa oportunidad, Lorenzini manifestó su preferencia por recibir una propuesta que contemple la totalidad de los bienes en una sola operación y que incluya «un plan para seguir produciendo y conservar puestos de trabajo, sobre todo en la hilandería». Sin embargo, el pliego fue dividido en cinco lotes para permitir distintas alternativas de adquisición.

Los valores de referencia establecidos son de US$4 millones para la planta de Bandera, US$3,5 millones para General Pinedo y US$1,75 millones para el inmueble ubicado en Buenos Aires. En el caso de la hilandería de Reconquista, el precio estará determinado por la tasación realizada por el Banco de la Nación Argentina.

El cronograma judicial prevé que la recepción de ofertas comience este viernes 20 de noviembre, mientras que la apertura de los sobres quedó programada para el lunes 30. La expectativa estará puesta en determinar si aparece algún interesado dispuesto a adquirir los activos y presentar un proyecto que permita recuperar la actividad industrial, en un escenario marcado por la quiebra de la compañía y la desvinculación de sus 243 trabajadores.