(Por redacción País Productivo) El cambio de modelo económico que está llevando a cabo este Gobierno golpea a todos los sectores de la industria por igual y el agro no es la excepción.
En esta ocasión fue la multinacional Bunge —un gigante de la agroindustria a nivel mundial— la que decidió cerrar una de sus fábricas en el país y despedir a sus 110 empleados.
Se trata de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, que ya contaba con medio siglo de operación, donde se producían amoníaco y tiosulfato En la decisión también estuvo involucrada la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que controlaba el 17,5% de la producción de la planta.
Según indicaron fuentes allegadas a la firma, “la medida responde a una combinación de factores estructurales que, desde hace años, vienen afectando la viabilidad y sostenibilidad de esta actividad, propias de una planta con más de 50 años de operación, así como los cambios registrados en las condiciones del mercado y en el abastecimiento de insumos”.de amonio, ambos productos utilizados tanto por la industria petroquímica como en la producción de fertilizantes.
Dicho de otra manera, no solo la supuesta antigüedad y la incompatibilidad con ciertos requisitos para la producción fueron variables que llevaron a Bunge a cerrarla, sino que también la importación de productos químicos le dio el golpe final.
Allí se desempeñaban 110 personas. Si bien desde la empresa no dieron detalles respecto a cuál será el destino de dichos trabajadores, desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana adelantaron que los telegramas de despido ya fueron enviados.
Según declaraciones del secretario general del gremio, Oscar Casco, al medio Impacto Local, Bunge “no le avisó a nadie” sobre su decisión, sino que “el que entró a trabajar hoy no sabía que a la tarde lo iban a despedir. Nosotros tampoco. Nadie sabía nada”.
Casco explicó que los trabajadores bajo convenio fueron notificados del envío de los telegramas de despido, mientras que el personal fuera de convenio ya había sido desvinculado.
Tampoco coinciden los números de personal afectado entre la empresa y el gremio, ya que Casco precisó que el establecimiento contaba con 137 empleados directos. A ese número se suman quienes cumplen tareas de vigilancia, comedor, mantenimiento del parque y otros servicios contratados. Por eso, estimó que el impacto laboral alcanza a unos 250 puestos.
“Esto nadie lo hubiese esperado de Bunge”, sostuvo el dirigente gremial y agregó que la industria local no puede competir con la importación de fertilizantes: “No conviene producir; conviene traerlo de afuera”.