(Por redacción País Productivo) El Gobierno abrió este jueves los sobres económicos de la licitación para privatizar el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en una operación que definirá al nuevo operador de los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos 30 años.
La oferta más alta fue de US$340,2 millones, presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, que superó en un 20% a la propuesta del grupo conformado por Roggio y la familia Chamas.
El monto ofrecido quedó por debajo de las expectativas del Gobierno, que estimaba recaudar entre US$450 millones y US$500 millones por la venta de la participación estatal. De todos modos, el consorcio ganador quedó a un paso de quedarse con la operación de AySA hasta 2056, aunque todavía resta completar el proceso administrativo antes de la adjudicación definitiva.
La propuesta de US$340,2 millones implica una valuación de US$378 millones para el 100% de la compañía. Sin embargo, al contemplar los US$70 millones de deuda que asumirá el comprador, el valor total de la operación asciende a unos US$447 millones, según fuentes cercanas al proceso.
El futuro operador también deberá afrontar un fuerte programa de inversiones. El compromiso alcanza los US$2.000 millones para obras de ampliación, renovación y mantenimiento de la infraestructura, con el objetivo de extender la cobertura y mejorar el funcionamiento de la red de agua y saneamiento.
En términos de pesos, el nuevo contrato de concesión contempla para el período 2027-2031 un plan de acción de $2,89 billones, calculado a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. De ese total, $1,13 billones estarán destinados a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y otros $296.166 millones a las tareas de operación.
Las inversiones estarán vinculadas al cumplimiento de metas concretas de cobertura. Para 2031, AySA deberá alcanzar una cobertura del 75,3% en el servicio de agua potable y del 63,9% en cloacas, mientras que al término del período inicial de concesión los objetivos mínimos serán del 90% y 75%, respectivamente.
La definición de la oferta ganadora se realizó a través de la plataforma Contrat.Ar. A partir de ahora se abrirá una instancia para la presentación de eventuales impugnaciones y, una vez cumplida esa etapa, avanzará la firma de los contratos con los adjudicatarios.
De esta manera, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, entregará al sector privado el 90% de las acciones de AySA que actualmente pertenecen al Estado nacional. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores, bajo la administración del sindicato que conduce José Luis Lingeri.
La privatización se enmarca en la estrategia del Gobierno para reducir la participación estatal en empresas de servicios y, al mismo tiempo, trasladar al futuro operador las obligaciones de inversión y expansión de la red. El contrato por 30 años establecerá las condiciones bajo las cuales se prestarán los servicios en el AMBA hasta 2056.
Además del ingreso de fondos por la venta, la operación tiene relevancia para las cuentas externas del Gobierno. Con la privatización de AySA, la administración de Caputo busca asegurarse divisas para afrontar los vencimientos de deuda externa previstos para el 9 de enero de 2027.