(Por redacción País Productivo) La Pampa presentó una medida cautelar contra el Estado Nacional para suspender de manera inmediata los efectos del Decreto 982/2026, que modificó el reparto de las regalías del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles y dispuso que Mendoza perciba el 100% de esos recursos.
La presentación judicial busca frenar la aplicación de los artículos que dejaron sin efecto el esquema vigente desde 1973, bajo el cual ambas provincias participaban de la distribución de las regalías generadas por el aprovechamiento hidroeléctrico del río Atuel.
El gobernador Sergio Ziliotto confirmó la decisión de acudir a la Justicia Federal y volvió a defender los derechos de su provincia sobre los recursos vinculados al curso de agua. “Río Atuel: sus regalías también son pampeanas”, expresó.
“Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos”, sostuvo el mandatario pampeano.
La estrategia de La Pampa apunta a que se mantenga provisoriamente el régimen anterior hasta que exista una resolución sobre la discusión de fondo, que involucra una controversia histórica entre las provincias y el Estado Nacional.
Desde el gobierno provincial argumentaron que su derecho a recibir una parte de las regalías no depende exclusivamente del Decreto 1560/73, sino también de otros antecedentes legales y acuerdos celebrados entre las partes.
Entre ellos aparece un convenio firmado en 1992 por el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que posteriormente fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que, según la administración pampeana, estableció compromisos concretos sobre el pago de las regalías hidroeléctricas.
La posición provincial es que un acuerdo de esas características no puede ser alterado unilateralmente por uno de sus integrantes. La Pampa remarca, además, que la Nación intervino en ese convenio como parte y no desde una posición de superioridad jerárquica frente a las provincias.
En ese marco, la cautelar cuestiona la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el régimen de distribución y advierte que la medida afecta derechos patrimoniales que la provincia considera reconocidos y ejercidos durante décadas.
El gobierno de Ziliotto también interpreta que el decreto representa un avance sobre las autonomías provinciales y pone en discusión principios vinculados con la seguridad jurídica, la buena fe y el federalismo de concertación.
La disputa cobró una nueva dimensión por el momento en que fue emitido el Decreto 982/2026. La validez del sistema que rigió durante más de cinco décadas ya se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema en una causa iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
En ese expediente, fue la propia Nación la que solicitó que La Pampa fuera incorporada al proceso, al considerar que la controversia podía afectar directamente sus intereses. El máximo tribunal aceptó esa incorporación el pasado 27 de agosto.
Sin embargo, apenas 14 días después de esa decisión judicial, el Gobierno nacional avanzó con el nuevo decreto y modificó hacia adelante el esquema de regalías que todavía forma parte de una controversia pendiente ante la Corte Suprema.
Ahora, La Pampa busca que la Justicia suspenda los efectos de la decisión presidencial y preserve el régimen anterior mientras se resuelve la cuestión de fondo. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó Ziliotto al ratificar la ofensiva judicial de la provincia.