(Por redacción País Productivo) Con el respaldo de una mayoría ajustada, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno que redefine el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías y habilita una fuerte reestructuración del esquema energético. Según argumentan desde el Gobierno, la iniciativa apunta a recortar el gasto fiscal, reducir subsidios cruzados y concentrar la ayuda estatal únicamente en hogares vulnerables.
Las estimaciones oficiales aseguran que el sistema actual demanda miles de millones de pesos adicionales del Tesoro debido a que el recargo del 7,5% aplicado sobre las tarifas ya no alcanza para financiar el beneficio.
El texto aprobado modifica la Ley 27.637 y cambia el criterio de acceso al descuento sobre el gas natural. A partir de la nueva normativa, no alcanzará solamente con residir en una región de bajas temperaturas: también será necesario acreditar una determinada condición socioeconómica para conservar el subsidio.
La propuesta mantiene el esquema histórico para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde continuará vigente la bonificación sobre el precio del gas y del gas propano por redes. Sin embargo, introduce cambios significativos para las provincias y ciudades incorporadas en la ampliación de 2021.
En esos distritos sumados hace cinco años, el beneficio solo seguirá vigente para quienes estén registrados dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Ejecutivo a fines de 2025 para segmentar la asistencia estatal según ingresos y vulnerabilidad social.
El nuevo modelo combina dos variables para determinar quiénes podrán acceder a los descuentos: la severidad climática de la región y la situación económica del hogar. De acuerdo con el proyecto, podrán conservar el subsidio quienes perciban ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o integren grupos considerados prioritarios.
Entre esos sectores alcanzados figuran hogares incluidos en el ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y personas con discapacidad registradas en el sistema oficial. La intención del Gobierno es limitar la cobertura a usuarios considerados vulnerables y excluir a sectores de ingresos medios y altos que actualmente reciben descuentos generalizados.
En los fundamentos enviados al Congreso, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “desnaturalizó” el esquema original de zona fría al incorporar regiones con menor demanda energética y condiciones climáticas menos severas que las de la Patagonia.
Según datos oficiales, aquella expansión elevó de manera considerable la cantidad de usuarios subsidiados y generó un incremento sostenido del costo fiscal. El Gobierno argumenta que el mecanismo vigente dejó de ser autosustentable y comenzó a requerir transferencias permanentes del Estado nacional para evitar desequilibrios financieros.
Uno de los cambios centrales del proyecto es la modificación en la forma de calcular la bonificación. Hasta ahora el descuento se aplicaba sobre el total de la tarifa, incluyendo transporte y distribución. Con la reforma, el subsidio se limitará únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Especialistas del IERAL de Fundación Mediterránea advirtieron que esa modificación podría impactar de manera significativa sobre las facturas de millones de usuarios. Las simulaciones realizadas por la entidad muestran que algunos hogares excluidos del nuevo esquema focalizado podrían enfrentar aumentos cercanos al 100%.
Uno de los casos analizados corresponde a un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que actualmente recibe subsidio de zona fría. Si quedara fuera del SEF, su factura mensual podría prácticamente duplicarse debido a la eliminación del descuento y al cambio en la base de cálculo.
En contraste, quienes logren mantener el beneficio mediante el sistema focalizado también tendrían subas, aunque de menor magnitud. El informe privado señala que incluso los usuarios subsidiados pagarán más porque el descuento dejará de abarcar componentes clave de la tarifa final.
El debate parlamentario estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de sectores opositores, que advirtieron sobre el impacto social de la medida en provincias donde las bajas temperaturas obligan a un elevado consumo de gas durante gran parte del año.
Desde el oficialismo respondieron que el objetivo central es corregir distorsiones acumuladas durante los últimos años y evitar que usuarios de altos ingresos continúen recibiendo subsidios financiados por el resto de la población a través de recargos tarifarios.
El proyecto aprobado en Diputados no se limita únicamente al régimen de zonas frías. El paquete incluye además un capítulo destinado a ordenar la situación financiera del sistema eléctrico y regularizar deudas millonarias acumuladas entre distribuidoras y CAMMESA.
La iniciativa habilita mecanismos de compensación entre créditos tarifarios y pasivos con el Mercado Eléctrico Mayorista, aunque establece como condición que las empresas renuncien a reclamos judiciales contra el Estado nacional. También prevé el traslado automático de costos de generación eléctrica y compra de gas hacia las tarifas finales.
De acuerdo con el análisis del IERAL, el objetivo oficial es reducir atrasos financieros y evitar la generación de nuevos subsidios ocultos dentro del sistema energético argentino. La entidad sostuvo que la acumulación de deuda entre distribuidoras, generadoras y el Estado se convirtió en uno de los principales factores de desequilibrio del sector.
Otro de los puntos incluidos en la reforma es la extensión hasta 2045 de los beneficios tributarios previstos para proyectos de energías renovables contemplados en la Ley 27.191. Paralelamente, el Gobierno impulsa la eliminación de distintos regímenes promocionales vinculados a hidrocarburos y acceso preferencial a divisas, aunque preserva los derechos adquiridos por emprendimientos ya aprobados.
Si bien el IERAL respaldó la necesidad de avanzar hacia una reducción de subsidios y una mayor sustentabilidad fiscal, recomendó aplicar una transición gradual para evitar saltos bruscos en las facturas. El informe sugirió combinar criterios climáticos, vulnerabilidad social y niveles razonables de consumo energético para definir futuras asistencias, además de incorporar mecanismos que amortigüen la volatilidad internacional de los precios del gas y la electricidad.