(Por redacción País Productivo) En un paso clave hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) el Gobierno redefinió hoy las reglas de funcionamiento del organismo, estableciendo cambios claves en su estructura.
A través del decreto 493/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó por primera vez en casi veinte años el corte del suministro por falta de pago y permite al Estado desprenderse total o parcialmente de su participación en la empresa.
Según detalla el texto del decreto, la decisión se inscribe en el marco de una “profunda crisis económica” y de una “estructura actual insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.
Uno de los cambios más relevantes es la autorización a AySA para interrumpir el servicio de agua potable a los usuarios en mora, un giro significativo respecto al modelo actual, que impedía este tipo de sanciones. Las condiciones específicas para estos cortes se definirán en el nuevo Contrato de Concesión, que regirá en caso de adjudicación a un operador privado.
Asimismo, el decreto modifica el artículo 2° del Decreto 304/2006, dejando sin efecto el carácter intransferible de las acciones del Estado. A partir de ahora, el 90% del capital social de AySA queda bajo control del Ministerio de Economía, que tendrá la facultad de vender parcial o totalmente esa participación. El 10% restante sigue en manos de los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
El texto también establece un nuevo esquema de relaciones entre los entes reguladores. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) deberán actuar de forma cooperativa y podrán ser convocados por la concesionaria o la sindicatura de usuarios para intervenir en cuestiones técnicas u operativas.
En cuanto a la planificación de obras, se crea el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico elaborado por APLA, que será revisado cada cinco años. Su función será identificar las obras prioritarias para extender el servicio, aunque su aplicación no será obligatoria.
Además, se otorgan a AySA “amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada” y la posibilidad de constituir garantías sobre sus ingresos para respaldar financiamiento externo, un paso que facilitaría su operación en manos privadas.
Finalmente, el decreto establece un período de transición de cinco años desde la adjudicación del servicio al nuevo concesionario, durante el cual se aplicará de forma progresiva el nuevo régimen regulatorio, con el fin de evitar desajustes en la ecuación económico-financiera del contrato.